Procurador Oswaldo Arroyo: “Los procesos del baguazo avanzan a paso de tortuga en el Poder Judicial”

Según Oswaldo Arroyo, procurador ad hoc designado para todos los procesos del "Baguazo", los juicios que acarreó el enfrentamiento entre nativos y fuerzas del orden han ido avanzando a paso de tortuga. "Los plazos se han cumplido y los verdaderos responsables aún no han sido sancionados", señaló. Todo ello -a su entender- por la "benevolencia" del Poder Judicial. "Al parecer, el Poder Judicial se ha vuelto sólo una mesa de partes donde se reciben escritos, pero los jueces no redoblan esfuerzos para que los casos sean llevados a buen puerto”.

En el caso del 'Baguazo', los procesos más importantes han sido tomados por jueces provisionales, que no tienen la suficiente independencia para adoptar una decisión", sostuvo Arroyo. Con ese panorama en contra, el procurador recuerda que su despacho solicitó que los casos más importantes del "Baguazo" sean vistos por jueces especializados de Lima; sin embargo, el pedido fue rechazado, e incluso el propio presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein -quien debía buscar las garantías del proceso-, se mostró en contra de esta opción.

Hasta el momento son siete los procesos que han sido judicializados y que se encuentran en plenas diligencias. Éstos son identificados con los siguientes títulos: "Estación N°6", "Curva del Diablo", "Muerte del mayor Bazán", "Corral Quemado", "Daños a entidades públicas", "Menores de edad" y "Mototaxistas". El proceso denominado "Radio La Voz de Bagua" fue archivado por la titular de la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba, Olga Bobadilla.

“Uno de los casos más importantes es el de la "Estación N°6" del Oleoducto Nor Peruano-Imacita. Allí, 38 efectivos policiales fueron secuestrados por una horda de nativos azuzados por sus líderes. La intransigencia de los líderes indígenas trajo como resultado que 12 agentes del orden fueran cruelmente asesinados, pese a que nunca opusieron resistencia y siempre optaron por el camino del diálogo. Sus muertes se produjeron como una venganza de sus secuestradores, debido al inicio de los enfrentamientos en la llamada Curva del Diablo", dijo el procurador.

Este proceso permanecía en manos del juez Norberto Cabrera, del Primer Juzgado del Módulo Básico de Bagua, pero al cumplirse el plazo de la segunda ampliación (siete meses en total), la Sala Liquidadora de Bagua ha concedido un plazo extraordinario para llevar a cabo 170 diligencias inconclusas, que el juez deberá estar programando en los próximos días. En este caso, los procesados se encuentran inmersos en los delitos de homicidio calificado, secuestro, extorsión y lesiones graves, entre otros, lo cual, a consideración del procurador Arroyo, debería ser sancionado con penas de 35 años de prisión, "y si la justicia realmente quiere ser justa", se podría aplicar hasta la cadena perpetua.

Según Arroyo, este proceso es un caso "atípico", pues la mayoría de diligencias no se ha cumplido no sólo por falta de voluntad judicial, sino también porque muchos de los heridos -tanto efectivos policiales como nativos- no han acudido a rendir sus declaraciones o testimonios.

SÓLO TRES DETENIDOS.

Aunque parezca increíble y cueste decirlo, de todos los procesos en marcha sólo se encuentran detenidas tres personas: Rollin Cahusa, a quien se le encontró un arma de la Dinoes cuando estaba en la casa pastoral de Bagua Grande; Lastenio Pujaj Paj, quien fue identificado gracias a una fotografía y posterior video difundido en el que aparece junto al mayor PNP Felipe Bazán Soles; y Asterio Pujupat Wachapea, también acusado de la presunta muerte del mayor Bazán.

Precisamente la desaparición de Bazán, cuyos restos aún no han sido hallados, es uno de los casos emblemáticos del "Baguazo". Pese a su importancia, se encuentra paralizado con sólo dos diligencias a cuestas. Actualmente, dicho caso está a cargo del Segundo Juzgado Liquidador de Utcubamba, que dirige el juez Uldorico Bohórquez. También aquí, hace una semana, el plazo para la investigación se agotó y por ello el expediente tuvo que ser elevado a la Sala Liquidadora Descentralizada de Utcubamba, a fin de que evalúe una ampliación.

Además de Pujupat Wachapea, en este proceso judicial se encuentran comprendidos Roberto Carlos Elena y Sebastián Taijin Uwak como presuntos autores del delito de homicidio calificado.

A consideración del procurador Arroyo, esta actitud es una afrenta y un desafío a la memoria de las víctimas, tanto policías como civiles.

Otro caso impune

Otro de los casos irresueltos hasta el momento es el de la "Curva del Diablo", zona de la carretera en la que nativos, lugareños y policías se enfrentaron sin contemplaciones. Aquí el Poder Judicial dejó transcurrir siete meses sin hallar pruebas contundentes en contra de los responsables de la muerte de 12 policías y 10 civiles. El plazo ampliatorio concluyó el pasado 16 de mayo y el expediente ha vuelto al Ministerio Público, que deberá pedir una nueva ampliación.