El complejo problema de la corrupción judicial ha
saltado de nuevo a la luz a raíz del proyecto de Ley de facultades
extraordinarias presentado por el Poder Judicial (PJ). Para el programa Justicia
Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL – JV), dicho proyecto debe enmarcarse
en un conjunto de medidas para mejorar la lucha contra la corrupción, ya que una
sola medida no servirá si no viene acompañada de otras orgánicas que demuestren
un esfuerzo serio y exhaustivo de luchar contra la corrupción judicial a todo
nivel.
En ese sentido, IDL - JV propone a las instancias
judiciales y a la ciudadanía en general, diez medidas que podrían adoptarse
junto con lo señalado en dicho proyecto.
Las medidas propuestas son:
1. La creación
de una unidad especializada y
multidisciplinaria de análisis de la corrupción dentro del Poder
Judicial.
2. La creación
de una Comisión Especial de lucha contra
corrupción integrada por las diversas instancias judiciales: el Poder
Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, los
Colegios de Abogados.
3. Concentrar las funciones de control interno en un solo
órgano rector, reduciendo la multiplicidad de órganos que participan del
procesamiento de las inconductas funcionales de jueces.
4. Mejorar y
promover medidas que garanticen la
transparencia y rendición de cuentas en la función
judicial.
5. Promover la denuncia de hechos corruptos de los
actores judiciales, con un sistema de premiación y
protección.
6. Establecer
medidas para contrarrestar la
intimidación a actores judiciales encargados de investigar y juzgar redes
corrupción.
7. Constituir
zonas “liberadas” de corrupción dentro
del Poder Judicial, frente a la intimidación de bandas vinculadas a la
corrupción política o económica.
8. Hacer
efectivo el sistema fiscalización desde los colegios de
abogados.
9. Eliminar la competencia de la Sala Plena para
imponer sanciones menores a vocales supremos.
10. Crear en
todas las sedes judiciales módulos
anticorrupción, conformada por jueces, representantes del Ministerio Público
y de la Policía Nacional.
Cabe señalar que desde IDL - JV se pone
en agenda estas medidas que en diversos momentos fueron propuestas por
instituciones, investigadores especializados y comisiones ad hoc, entre cuyos documentos destacan:
Informe Final de la Comisión de Investigación:
Planificación de Políticas de Moralización, Eticidad y Anticorrupción
(2001), el Informe del Grupo de Trabajo Temático de Política Anticorrupción y
Ética Judicial de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial (2003),
Informe Ceriajus (2004), Micropolíticas de la corrupción (2011); y que han sido
debatidas e impulsadas por el IDL a lo largo de muchos años de
trabajo.
Puede revisar el desarrollo de las
medidas en el siguiente enlace:
Prensa y
Difusión - IDL
617-5700 (219)
RPC 997527771
RMP #994474
617-5700 (219)
RPC 997527771
RMP #994474
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