Como describimos en
la editorial anterior, la crisis del gabinete ha sido fruto de una crisis mayor,
no obstante, se la ha querido resolver con un enroque de funcionarios al
interior y entre ministerios, por lo que el problema de fondo subsiste: el
gabinete Valdés sobrevive como un lugar donde las grandes decisiones no se
toman, donde temas fundamentales como la continuidad del modelo de acumulación,
la promoción de las grandes inversiones mineras y pesqueras, el rol de
Petroperú, la definición de una nueva matriz energética, la petroquímica del
sur, el destino del gas, la descentralización, las irrigaciones, los grandes
proyectos hidro energéticos, la tala ilegal, la vergonzosa alta tasa de
desnutrición crónica entre otros, quedan fuera de este ámbito y se definen en
una relación directa entre el poder económico y el presidente Ollanta
Humala.
Estamos caminando
por cierto, a un gabinete cada vez más ineficaz, que es la expresión de la
continuidad de las políticas heredadas, mientras los poderes fácticos se
mantienen detrás del telón y -al igual que durante los últimos 20 años- son los
que tienen la capacidad real de influir en las decisiones más trascendentes.
Es por eso que ante
la notoria debilidad del Consejo de Ministros, cuando desde la oposición se
reclama un gabinete político que encare los problemas y tome las decisiones, los
operadores de siempre, vinculados a este poder oculto, salen a respaldar al
Ministro Valdés y al Presidente Humala. Lo que buscan es que un gabinete anodino
siga estando fuera de las decisiones vinculadas principalmente con la economía
del país, a fin de no perder sus beneficios.
La idea de que el
gabinete debe ser técnico y no político es pues completamente nociva. Un Perú
despolitizado solo favorece al statu quo.
Mientras que
personas cuyo único capital es la incondicionalidad al mandatario ocupen la
mayor parte de los cargos vitales, las verdaderas decisiones económicas quedan
en manos de un reducido grupo de ministros (Economía, Minería y Comercio) que
representan directamente a los grupos de poder, con quienes toman decisiones
fuera del escrutinio público.
Otra Mirada, considera que es indispensable abordar directa y
explícitamente la dimensión política de los grandes temas pendientes en la
agenda nacional. Por ello, en las sucesivas editoriales y documentos abordaremos
temas prioritarios como la concentración de la propiedad agrícola, la gestión
del sector minero y de hidrocarburos, las empresas estatales estratégicas, la
descentralización, la gestión de los recursos hídricos y forestales, el
ordenamiento territorial, la salud pública y otros que tienen que ver
directamente con la gobernabilidad del país.

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