RADIO "LA VOZ" DE BAGUA GRANDE

Las once claves sobre derechos humanos para las elecciones congresales y presidenciales 2011

BAGUA GRANDE (JOSÉ FLORES). La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acaba de publicar los once puntos claves que se deben tener en cuenta como agenda prioritaria en los planes de gobierno. En el documento, la CNDDHH invoca a los poderes del Estado a garantizar un proceso electoral transparente, y que se respete la voluntad popular. Estas once claves son:

1.- Que los partidos políticos se comprometan a evitar aprobar o impulsar medida alguna dirigida a favorecer la impunidad de las violaciones de derechos humanos. En especial, rechazar cualquier intento de indultar o favorecer de manera similar al ex Presidente Alberto Fujimori.

2.- Que el desarrollo económico del Perú no es incompatible con el respeto a los derechos humanos, todo lo contrario. Por eso mismo consideramos fundamental que las políticas económicas a impulsar por el próximo gobierno tengan como centro el desarrollo integral del ser humano y sus derechos, en armonía con el medio ambiente, especialmente de aquellos peruanos y peruanas más vulnerables.

3.- Que los partidos políticos se comprometan a apoyar y reimpulsar el proceso de reparación a las víctimas del conflictos armado interno, lo que supone destinarle recursos del presupuesto público. De la misma forma, es imprescindible comprometerse a impulsar las diferentes iniciativas de construcción y difusión de la memoria colectiva.

4.- Que es necesario clarificar en la agenda pública de estas elecciones generales que no hubo ni hay “persecución judicial” contra militares y policías en materia de derechos humanos, sino procesos judiciales contra un número reducido de ellos por graves violaciones de derechos humanos. Ello con la finalidad que cese la fuerte presión política y militar sobre jueces y fiscales para que puedan resolver estos casos con absoluta independencia e imparcialidad, tomando en cuenta los estándares internacionales en la materia.

5.- Que demanden una voluntad clara del Ministerio Público y del Poder Judicial para juzgar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado interno y durante el segundo gobierno del Presidente Alan García, garantizando el acceso a la justicia por parte de las víctimas.

6.- Que los partidos políticos se comprometan a revisar y corregir el marco legislativo aprobado mediante decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y otros), con el propósito de que la protesta social no sea criminalizada y que no se siga encargando a las Fuerzas Armadas el mantenimiento del orden interno del país, ni el juzgamiento de civiles por ningún motivo.

7.- Que prioricen en la agenda pública de estas elecciones el tema de la corrupción, por cuanto es una de las principales barreras para la progresiva vigencia de los derechos humanos, en especial de los económicos, sociales, culturales, del ambiente y de los pueblos indígenas.

8.- Que se comprometan a retomar y reimpulsar las reformas institucionales democráticas que se dejaron de lado en el actual gobierno: la reforma del sistema de justicia, de la seguridad ciudadana, de la policía nacional, del sector defensa y de las fuerzas armadas.

9.- Que se comprometan a respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, en un marco de desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales. En especial, aprobar y promulgar la ley de consulta previa acorde con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

10.- Que honren las obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha adquirido el Estado peruano, adecuando la legislación nacional al Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como suscribiendo y aprobando el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

11.- Que se comprometan a reimpulsar e implementar progresivamente el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, con especial énfasis en combatir toda forma de discriminación en razón del género, etnia, sexo, orientación sexual, etc. Así como impulsar acciones afirmativas para atender la situación de las personas con discapacidad y garantizar los derechos de las mujeres y los niños, niñas y adolescentes.