martes, 22 de marzo de 2011

VÍCTIMAS DEL BAGUAZO
Señalan que el Poder Judicial paralizó sus denuncias


Jhon Estela y Maritsa Gonzales, representantes de la Asociación de Familiares Víctimas del 5 de Junio, denunciaron que las autoridades judiciales de Utcubamba han paralizado la denuncia que interpusieron para identificar y castigar a los que dispararon contra la población civil que nada tuvo que ver con el levantamiento de los nativos en la Curva del Diablo.
Señalaron que el proceso penal no se ha iniciado debido a que las salas judiciales extrañamente no se ponían de acuerdo sobre el Código Procesal Penal que aplicarían.
“La Sala Penal de Amazonas resolvió que este proceso se llevará con el Código de 1940 y desde el 30 de diciembre del año pasado estamos a la espera de que el juez Uldarico Bohórquez dé inicio al proceso”, refirió Jhon Estela, a quien una bala perdida le destrozó una de sus piernas y finalmente tuvo que ser amputada.
Ambos refirieron que los miembros de esta asociación no estuvieron en la Curva del Diablo sino en la ciudad de Bagua Grande, adonde las fuerzas policiales ingresaron haciendo disparos indiscriminadamente.
“Mi niña Lady Luz estaba jugando en el segundo piso de mi casa y fue impactada en el estómago y aun cuando ya ha sido operada varias veces siente dolores intensos y no hay responsables que reparen este daño”, manifestó Maritsa Gonzales en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Lima.
También lamentaron que el Congreso de la República no decida debatir hasta el momento ninguno de los informes de la Comisión Investigadora sobre los hechos de Bagua.
Por su parte el doctor Juan José Quispe, de IDL y abogado de las víctimas del 5 de junio del 2009, dijo que en este fuero común se tiene que determinar dos clases de responsabilidades.
“Primero, se debe identificar a los policías que dispararon a las víctimas; y segundo, quién dio la orden para que los policías acantonados en la Curva del Diablo ingresen a Bagua Grande”.
Luego añadió que esa orden vino desde Lima, de la más alta instancia que es el Presidente de la República, quien tendrá que declarar testimonialmente.
“Ya lo hemos solicitado, igual para la ex ministra Cabanillas, Yehude Simon y otros más”, anotó.
El Dato
Según informe de Defensoría del Pueblo, de las 200 personas que resultaron heridas el 5 de junio del 2009, 83 de ellas tenían laceraciones producidas por proyectil de arma de fuego.

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