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Abogado de policía que fiscal de Condorcanqui pidió su captura por casarse con nativa bajo sus costumbres, presentó apelación

BAGUA GRANDE (JOSÉ FLORES).- Tras el suceso que ha preocupado a varias comunidades nativas en Condorcanqui, quienes viene exigiendo el cambio del fiscal provincial Rónald Martín Deza Deza, por no respetar sus costumbres ancestrales y ordenar la captura del efectivo policial Jim Car Solsol Ríos, quien contrajo matrimonio bajo las normas indígenas con una nativa de 14 años y procrearon un niño que a la fecha tiene seis meses de vida.

El reconocido abogado constitucionalista Dr. Orlando Becerra Suarez, señaló que su estudio de abogados ya presentó la respectiva apelación ante el despacho del fiscal, esperándose que la orden de captura en contra de su patrocinado (el policía) por el presunto delito de violación sexual, se revoque en los próximos días, teniendo en cuenta que el fiscal de Condorcanqui acusó al PNP desde su perspectiva que la menor tiene 14 años, olvidándose que en las comunidades nativas tienen la costumbre de casarse desde los 12 años, siendo este derecho indígena reconocido constitucionalmente, llegando a la conclusión que la conducta del PNP está adecuada a las normas nativas.

“Desde el punto de vista positivo y bajo las normas mestizas puede haberse cometido el delito de violación, pero el fiscal no ha tenido en cuenta que la esposa del PNP proviene de un pueblo originario que tiene una visión cultural y costumbres diferentes. En dichas comunidades tienen sus reglamentos, reglas de convivencia y dentro de ellas es permitido previo permiso de los padres contraer matrimonio a los doce años; y el fiscal debió valorar, razonar, aplicar el sentido común y ser proporcional ante un conflicto, conociendo que dicha pareja se casó bajo las costumbres ancestrales nativas y eso no es punible” dijo el abogado.

Por otro lado, el letrado señaló que la apelación a favor del policía está sustentada bajo los principios constitucionales, las realidades culturales, étnicas de nuestra zona, por lo que espera que el fiscal superior valore dichos principios, teniendo en cuenta que el Ministerio Público debe estar sometido a las normas de proporcionalidad y no resolver apresuradamente un caso, desde la perspectiva y las normas mestizas, dejando de lado las leyes y reglamentos indígenas amparados constitucionalmente.