RADIO "LA VOZ" DE BAGUA GRANDE

INSEGURIDAD CIUDADANA:

LA INDIGNACIÓN DEBE DAR PASO A LA EFICACIA, NO A LA DEMAGOGIA

David Lovatón Palacios
Instituto de Defensa Legal (IDL)

¿Por qué la inseguridad ciudadana se convierte en tema prioritario de agenda para las autoridades y para la prensa sólo cuando ocurre un lamentable hecho como el violento asalto que sufrió la hija del congresista Renzo Reggiardo? Ciertamente que nos solidarizamos con él y su familia y repudiamos este delito y a quienes lo perpetraron. Pero, lamentablemente, este caso tan sólo es emblemático de lo que han sufrido y sufren gran parte de la ciudadanía, en especial, los sectores de escasos recursos: el incremento de la delincuencia y la impunidad.

Ya lo advertimos desde IDL en septiembre del 2010: el Gobierno de Alan García nos dejó un país más inseguro que el que recibió el 2006. Investigaciones posteriores –como la de Ciudad nuestra- han confirmado esta constatación. Diversos indicadores cuantitativos y cualitativos muestran este incremento delictivo; en especial, hay uno de ellos que refleja esa mayor inseguridad que hoy se vive y se percibe: una encuesta de victimización (no de percepción nada más) que IDL encargó en junio del 2010, dio como resultado que aproximadamente 6 de cada 10 encuestados de Lima metropolitana y el Callao, contestaron que ellos o sus familiares directos habían sido víctimas de robo o intento de robo recientemente. Cinco años antes, en julio del 2005, IDL aplicó similar encuesta y dio como resultado que aproximadamente sólo 4 de cada 10 encuestados afirmaron haber sido víctimas, o sus familiares directos, de robo o intento de robo.

En otras palabras, en un periodo de 5 años (2005-2010), los robos o intentos de robo en las calles de Lima y Callao se incrementaron aproximadamente en un 50%, de la mano del crecimiento económico y de la ausencia de una política pública sostenida de prevención y combate contra la delincuencia, en el último tramo del gobierno de Toledo y durante todo el Gobierno de García. Ante hechos tan execrables como el sufrido por la hija del congresista Reggiardo, las autoridades policiales y los sucesivos Ministros del Interior reaccionaron sin un norte claro y con medidas aisladas, algunas demagógicas (como la pena de muerte) y otras bastante absurdas como las que en su momento propuso el ex Ministro del Interior Octavio Salazar (hoy parlamentario fujimorista): custodia policial para aquellas personas que retiraran fuertes sumas de dinero de los bancos o la incorporación de los vigilantes privados a las labores de seguridad pública.

La indignación frente a lo que pudo ser una terrible tragedia, es un sentimiento que compartimos. Sin embargo, no nos debe hacer perder de vista que la solución no pasa por medidas aisladas o propias de lo que se conoce como “demagogia punitiva”: echar mano del ejército en el patrullaje de las calles, endurecer las penas o reinstaurar en el Perú la pena de muerte (varios estudios demuestran que no inhibe la comisión de delitos). Reiteramos que compartimos ese sentimiento de indignación y repudio, pero todas las experiencias comparadas en América Latina y, en especial, en América Central, nos advierten que medidas demagógicas y aisladas no sólo no soluciona el problema sino que, en ocasiones, contribuye a agravarlo. Hagamos la pregunta siguiente: ¿cuántos congresistas que hoy exigen el endurecimiento de las penas, están dispuestos a aprobar un mayor presupuesto para construir y mejorar las cárceles, convertirlas en verdaderos centros de resocialización –como manda la Constitución- y mejorar sustancialmente el funcionamiento del INPE? Si no están dispuestos a gastar más en el sistema penitenciario, entonces el endurecimiento de las penas sólo contribuirá a un mayor hacinamiento de las cárceles, que en la actualidad son –salvo meritorias excepciones- escuelas del crimen.

Por ende, el inicio de la solución pasa por el consenso político y social en torno a una política pública de seguridad ciudadana que el nuevo Gobierno debería proponer al país. Por ejemplo, la reciente experiencia argentina de un pacto parlamentario con participación de sociedad civil, puede ser útil para tratar de alcanzar un acuerdo nacional en torno a un tema en el que todos los partidos políticos y organizaciones de sociedad civil deberíamos coincidir: la suscripción de un “Acuerdo de Seguridad Democrática” (ASD) que fije el rumbo para la sostenida prevención y lucha contra el delito.

Algunos elementos de este pacto político y social ya han sido lanzados por el nuevo Gobierno y esperamos que siga en esa línea: la gradual desaparición del régimen del 1 x 1 de los efectivos policiales y así poder contar con más policías en las calles, esto supone un gran esfuerzo presupuestal, pero se tiene que hacer en coordinación con los gobiernos regionales y municipales; por ejemplo, la Municipalidad metropolitana de Lima ya lo viene implementando y otras municipalidades en Piura o Arequipa están por implementarla. Otra medida es la mejora de las condiciones de trabajo de los efectivos policiales: descanso efectivo, mejorar el equipamiento, entre otras.

Esta mejora en las condiciones en las que prestan servicio los efectivos policiales, debería ir acompañada de planes de capacitación, entrenamiento y re-entrenamiento, comenzando, por ejemplo, con prácticas de tiro con sus armas de reglamento. Por ejemplo, el Ministro ha anunciado que policías que venían cumpliendo labores administrativas, serán reemplazados por empleados civiles y pasarán a patrullar las calles; la pregunta es ¿se ha previsto un programa previo de entrenamiento o re-entrenamiento, al menos físico?

Una medida que ha sido mencionada por el nuevo Ministro pero que se cae de madura es la prevención y la lucha contra la corrupción policial. Si bien hay muchos policías honestos, lamentablemente la coima de tránsito y diversos actos de corrupción (tráfico de la gasolina de los patrulleros, alquiler de sus armas de reglamento, entre otros), son moneda corriente en nuestro país y todo el mundo lo sabe. ¿O acaso cuando a usted lo detiene un policía de tránsito, entre las posibilidades no está “arreglar” la infracción? Por favor! Enfrentar y solucionar un problema pasa, primero, por reconocer que el problema existe.

Sobre el particular, el IDL alimenta periódicamente una herramienta para medir la aprobación y desaprobación ciudadana en torno a la Policía Nacional: lo llamamos el “Policiómetro”. Así, en Julio del 2006 (al inicio del Gobierno aprista) la aprobación de la labor de la PNP era de 58.7%, en tanto que en Junio del 2010 (cuarto año del Gobierno de García), la aprobación era tan sólo de 21%.

La prevención y lucha contra la corrupción policial es, en nuestra opinión, una de claves del éxito de cualquier política pública de seguridad ciudadana, pues siempre se requiere la confianza ciudadana en la policía. País que no confía en su policía, país que está condenado a la inseguridad. En consecuencia, el liderazgo presidencial que ya se ha anunciado –algo que respaldamos-, debe buscar fundamentalmente recuperar la confianza ciudadana en nuestra Policía Nacional, confianza que se debe sustentar, no en campañas publicitarias, sino en eficacia y honestidad. Eficacia lograda con liderazgo, inteligencia, entrenamiento, tecnología y mejores condiciones de trabajo. Honestidad lograda combatiendo la corrupción policial en todos sus niveles: desde el policía de tránsito hasta el general encargado de las licitaciones.

Finalmente, la coordinación con las instituciones que conforman el sistema de justicia es fundamental también. No es un secreto la mala relación que históricamente han tenido la Policía Nacional y el Ministerio Público; si bien en los últimos años ha habido esfuerzos sinceros desde ambas instituciones para revertir esta situación, aún falta mejorar la coordinación y cooperación que debe existir entre ambas, en especial, en el marco del nuevo proceso penal. Asimismo, toca coordinar mejor con el Poder Judicial y el INPE; en este sentido, es una señal muy positiva que tanto el Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial hayan anunciado esta semana la adopción de medidas y formulado algunas propuestas en materia de seguridad ciudadana.