Plataforma para el
Ordenamiento territorial
Nota de prensa N°4
Lima, 06 de julio de 2012
César Gamboa:
‘’Ante los conflictos sociales hay dos salidas, buscar soluciones
dialogadas al corto plazo y planificar a largo plazo’’
El director de Políticas de DAR habla sobre las hidroeléctricas, los
conflictos socioambientales y la necesidad de un plan de ordenamiento
territorial.
‘’La demanda de energía está creciendo en el país anualmente. Sin
embargo el Estado no ha hecho una planificación energética para satisfacerla.
Desde el 2006 el Estado decidió promover la construcción de Hidroeléctricas en
la Amazonía sólo para cubrir los altos niveles de energía que requieren los
proyectos extractivos. Proyectos de gran envergadura como los mineros. Sin
embargo, debido a la falta de planificación y a la descoordinación al otorgar
las concesiones que se superponían a áreas de conservación, tierras de
comunidades, los proyectos fueron paralizados y nunca se pensó en satisfacer la
demanda de energía de miles de peruanos que no tienen electricidad en el sur
Andino”, dice César Gamboa de DAR, y agrega que para el 2020 vamos a requerir
más de 10 mil megawatts de consumo de energía aproximadamente.
El crecimiento desordenado de diversas industrias en el país ha traído
con ello el costo político, social y económico; así la falta de planificación
del territorio por parte del Estado ha sido uno de los factores que ha permitido
el escalamiento de los conflictos sociales en los últimos años. El costo
económico ha sido la pérdida de grandes proyectos que podrían beneficiar a la
población como las grandes hidroeléctricas. Durante el gobierno aprista se dio
en concesión grandes hectáreas de la Amazonía para la construcción de cinco
hidroeléctricas, y se promovió la suscripción del Acuerdo Energético Perú –
Brasil. Los cinco proyectos han sido paralizados debido a que el territorio
concesionado se superponía a áreas protegidas, a territorios de comunidades
nativas y derechos de población local.
El impacto ambiental del proyecto Inambari, ahora postergado, es uno de
ellos. Alrededor de 37 mil hectáreas de bosque serían deforestados para
construir la represa y hay estudios que indican que 8 mil personas serían
desplazadas por el represamiento. ‘’Una hidroeléctrica de represamiento genera
grandes impactos en el ecosistema y en el territorio. Este tipo de
hidroeléctricas se forma a través de la construcción de un muro que contiene al
río. Al momento de represar las aguas de un río se inundan, irreversiblemente,
los ecosistemas aledaños, miles de hectáreas’’, indica Gamboa.
Además del proyecto Inambari hay cuatro más que fueron paralizados. La
concesión del proyecto de la central hidroeléctrica Mainique 1 en Urubamba
Cusco, que generaría una potencia estimada en 607 MW, estuvo ubicada en la zona
de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni, 13 kilómetros agua arriba
del pongo de Mainique. El Ministerio de Energía y Minas pasó por alto solicitar
opinión previa al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp), responsable de las áreas protegidas. Finalmente, el proyecto no se
concretó. ‘’Esto demuestra la falta de coordinación entre sectores’’, dice
Gamboa.
El 2008, se entregó la concesión temporal a la empresa Pakitzapango
Energía SAC para que se realicen estudios de factibilidad para la generación de
energía eléctrica de una potencia estimada de 1379 MW, por un plazo de veinte
meses. El área se superponía a 10 comunidades, además de asentamientos de
colonos diversos y bases militares en la Cuenca del Ene, distritos de Pangoa,
Río Tambo y Mazamari, en Junín. También se paralizó el proyecto.
Otro caso es el del proyecto Tambo 60 en Junín que estaba ubicado en
tierras de comunidades Asháninkas. Asimismo, el proyecto de la Central
Hidroeléctrica Tambo 40, concesión otorgada a la controvertida Odebrecht Perú
S.A.C. se superponía a las tierras de comunidades Asháninkas y a la zona de
amortiguamiento de su Reserva Comunal. Este proyecto que generaría 2000 MW de
energía, se encontraba sobre tierras de las comunidades nativas asháninkas de
las cuencas del Río Tambo y Ene, quienes presentaron sus quejas a la OIT y ante
la CIDH. La concesión temporal no se renovó.
Tanto el Megaproyecto Tambo 40 y el de Pakitzapango afectaría los
ámbitos del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, corredor biológico que
se encuentra en el “Hotspot” (“puntos álgidos de biodiversidad”) de los Andes
tropicales.
“El Perú no planifica su desarrollo. Si lo hace, la planificación no
está vinculada con la toma de decisiones políticas. Nadie está en contra con la
construcción de una hidroeléctrica o la exploración de gas en la Amazonía pero
se debe evaluar la pertinencia de la decisión ambiental y socialmente”, agrega
Gamboa.
Y es que los pueblos amazónicos han sufrido la imposición de diversos
tipos de actividades y condiciones legales (sobre el territorio), sin
posibilidad de decidir sobre la factibilidad de las mismas y el futuro de su
territorio. Y ya que no existe un plan de organización territorial efectivo, las
creaciones de las Áreas Naturales Protegidas muchas veces quedan subordinadas a
las actividades extractivas o a una administración que no incluye a los pueblos
indígenas.
“Hay que tener en cuenta además, dice Gamboa, cuántos peruanos
no tienen acceso a energía eléctrica y, literalmente, se mueren de frío porque
no tienen energía eléctrica”. Actualmente se crean proyectos energéticos para
satisfacer la demanda de energía sólo de las grandes empresas y no para mejorar
la calidad de vida de los peruanos.
“Ante crecimiento y el boom de las inversiones de la industria
extractiva en el país hay dos salidas: imponer los proyectos y asumir el costo
socioambiental o planificar y racionalizar el grado de crecimiento. Quizá no
crezcamos mucho, pero nos va permitir mejorar la gobernabilidad democrática y un
grado de crecimiento estable en las próximos décadas”, finaliza.
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
Prensa y comunicaciones: Javier
Matos/Juana Gallegos: 01-6204916/ 997457703/966750744 (RPC)
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