miércoles, 6 de marzo de 2013

Cuestionable fallo de Sala Penal de Bagua Pese a que PNP lo intervino con arma de guerra Presunto terrorista capturado en San Luis recibió libertad restringida 



 BAGUA GRANDE.- En cuestionable fallo la sala de apelaciones de Bagua declaró infundado el requerimiento efectuado por el ministerio público a través del Dr Belisario Martinez Burga, fiscal provincial de la segunda fiscalía provincial corporativa de Utcubamba, en la investigación preparatoria que se sigue contra Romer Torres Silva y Wilmer Solano Torres, por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de arma y municiones de guerra en agravio del Estado. En ese sentido, el poder judicial dispuso que se le prosiga la secuela del proceso bajo la medida de comparecencia bajo restricciones y reglas de conducta, al igual que el pago por su excarcelación fijando una caución al Estado de 2 mil nuevos soles. Como se recordará el pasado 25 de enero del 2013, y mediante audiencia pública se declaró fundado el requerimiento del representante del ministerio público Dr. Belisario Martinez Burga, en el cual Romer Torres Silva, debería de cumplir prisión preventiva por 9 meses en el penal San Humberto de Bagua Grande. “El colegiado de la defensa considera que el presunto terrorista Romer Torres Silva, no cumple con el primer presupuesto que señala el articulo 286 del código procesal penal porque NO EXISTEN GRAVES Y FINDADOS ELEMENTOS DE CONVICCION Y NO VINCULAN AL IMPUTADO COMO PARTICIPE en el delito que se le investiga” refiere. En otro de los puntos de la resolución refiere que la defensa del imputado ha sostenido que si bien es cierto se le había comunicado al fiscal provincial sobre un seguimiento que se le comenzó a seguir a su patrocinado, lo cual es lo correcto, sin embargo en tales documentos el fiscal provincial no intervino, lo cual a criterio del juez ello le resta credibilidad a la intervención, si bien es cierto la PNP puede intervenir sola, esto es cuando existe flagrancia, o cuando en la zona exista difícil accesibilidad dificultando así la presencia del funcionario. De otro lado sostiene la defensa del imputado que la diligencia fue llevada a cabo solo por policías y no por el órgano persecutor penal, por lo que no estuvo en el acta del registro personal, registro domiciliario e incautación del arma de fuego, por lo que lógicamente el imputado s negó a firmar porque no estaba conforme con el contenido del acta, por no estar revestido de veracidad Sostiene además el denunciado que no conoce el domicilio ni el taller del coinculpado Lozano Torres y que “no le había encargado alguna mochila cuando la PNP no tenia ningún objeto de procedencia ilícita, por lo que ello se desprende del acta de intervención policial. Además que a él no se le había incautado el arma habiéndose encontrado el arma dentro de una mochila en la vivienda de Wilmer Lozano Torres, concluyendo la defensa que el arma es de propiedad del citado coinculpado. De otro lado sobre el peligro procesal de probable fuga del país del imputado Romer Torres Silva, refiere su defensa que dispone de una requisitoria más bien para que no salga del país, sosteniéndose también que si tiene arraigo familiar debido a la presentación de un recibo de agua de parte de su hermana María Célida Torres Silva y su madre Ermandina Silva Cubas, trabaja como guardián, viviendo ambas en el distrito de Pacaysapa, dándose así los tres presupuestos copulativamente. (A. PINTADO)

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