miércoles, 30 de marzo de 2016

ASAMBLEA GENERAL DE LA APDU 

Bagua Grande (Radio “La Voz”).- En el caserío San Luis, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba y región Amazonas, siendo las nueve de la mañana del día doce de marzo del año dos mil dieciséis, se reunieron en el local de la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad y Familiares de Utcubamba, APDU, los socios hábiles de esta institución, para su asamblea quincenal. Abrió la asamblea el presidente Carlos Alberto Flores Borja y como secretario actuó el dirigente Ricardo Vidaurre Maza, por ausencia de la Secretaria del Interior, Actas y Archivos. Con el quórum reglamentario, el presidente abrió la reunión informando sobre gestiones realizadas en la última quincena, leyéndose, asimismo, el informe económico del mes de febrero, a cago del Secretario de Economía y Administración, Manuel Leyva Culqui. A continuación el presidente informó sobre un documento que un grupo de seis socios había elevado y hecho llegar al Presidente del CONADIS en Lima, donde se hacen serias denuncias contra el Coordinador del CONADIS en Amazonas, Carlos Alberto Flores Borja, así como contra el Asistente Administrativo de este organismo, Ricardo Vidaurre Maza, a quienes se acusa, entre otros, de atropellar a las personas con discapacidad, de realizar cobros indebidos, de haber sustraído y desaparecido un fondo de seis mil soles de la APDU y otras faltas más. El documento está firmado por Margarito Machacuay Valera, Guzmán Ulises Castillo Jibaja, Persy Pablo Pintado Paz, Hipólito Cueva Rodas, Fernando Cruzalegui Delgado y Alex Ananías Peña Hernández. Ante las inexactitudes y calumnias contenidas en ese documento, después de un amplio debate, la asamblea acordó lo siguiente: PRIMERO.- Desmentir y aclarar dicho documento mediante un descargo por enviar al CONADIS en Lima, con copia a la Municipalidad Provincial de Utcubamba. SEGUNDO.- Concluida la investigación y recibidos los descargos de los firmantes de ese documento, aplicar la sanción que señala el estatuto a quienes resulten responsables de la falta contra la dignidad y honor de los dirigentes y contra la estabilidad de la asociación. Los dirigentes agraviados pueden hacer valer también sus derechos en el Poder Judicial. TERCERO.- Comunicar al señor Alcalde Provincial de Utcubamba, por segunda vez, sobre el comportamiento desleal de su funcionario Margarito Machacuay Valera, Jefe de la OMAPED, constituyendo su conducta un peligro para la estabilidad social y económica de la APDU, por lo que se hace necesario su cambio. CUARTO.- Declarar la mejor disposición de la APDU y su dirigencia de trabajar armoniosa y articuladamente con la Municipalidad Provincial de Utcubamba, dentro de los principios de respeto mutuo. QUINTO.- Aprobar el siguiente Memorial dirigido a las autoridades: 

MEMORIAL A LAS AUTORIDADES DE AMAZONAS




Los abajo firmantes, afiliados a la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad y Familiares de Utcubamba (APDU), con domicilio en el Jr. Gregoria Katari 890, caserío San Luis, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba y región Amazonas, nos dirigimos a las autoridades de Amazonas y a la opinión pública en general para expresar lo siguiente: 
01.- Rechazamos el documento enviado a la presidencia del CONADIS en Lima, con fecha 13 de febrero del año en curso, donde seis personas, atribuyéndose la representación de la APDU, denuncian a nuestro presidente, señor Carlos Alberto Flores Borja, y a nuestro Vicepresidente, señor Ricardo Vidaurre Maza, de “atropellar a nuestros hermanos con discapacidad”, de “estar realizando cobros indebidos” a los socios de la APDU, de “condicionar el libre proceso de certificación” y de “manejar de manera oscura y no transparente” a la asociación. Asimismo, de haber “desaparecido” determinada cantidad de dinero de la APDU. 
02.- Dicho documento, conteniendo las falacias enumeradas en el párrafo anterior, fue recepcionado por CONADIS Lima el 02 de marzo de este año y enviado luego al Centro de Coordinación Regional del CONADIS en Amazonas el 04 de marzo para “conocimiento y opinión”. Del examen del documento comprobamos que está suscrito por seis (6) personas que solo colocan su rúbrica y número de su DNI, pero que gracias al RENIEC las identificamos como Guzmán Ulises Castillo Jibaja, Hipólito Cueva Rodas, Fernando Cruzalegui Delgado, Persy Pablo Pintado Paz, Alex Ananías Peña Hernández y Margarito Machacuay Valera. El documento no señala domicilio alguno. 
03.-Nuestros dirigentes Carlos Flores Borja y Ricardo Vidaurre Maza “no atropellan a nuestros hermanos con discapacidad” sino al contrario: luchan por sus derechos. ¡Quién no conoce la trayectoria social de don Carlos Flores por más de 13 años, habiendo logrado la organización de más de 20 asociaciones de personas con discapacidad en Amazonas y gestionado la construcción del único local para personas con discapacidad con talleres de trabajo en toda la región! Tampoco realizan “cobros indebidos”, pues las cuotas mensuales de un sol y cincuenta céntimos que cancelan los socios de la APDU han sido aprobadas por su asamblea general y están amparadas por su estatuto. Con esas cuotas pagan luz, agua, guardianía, limpieza y mantenimiento de la maquinaria de la APDU que se utiliza en los talleres. Pues todos conocen que ni el gobierno regional, ni la municipalidad provincial aportan un centavo para el mantenimiento del local de la APDU en San Luis. Ese local y sus talleres se mantienen gracias a la autogestión de los buenos socios de la APDU. Y, además, las cobranzas las realiza la Secretaría de Economía de la APDU y no el Presidente ni el Vicepresidente. Y todo pago está garantizado con un recibo de caja. 
04.- Por otro lado, mal se puede acusar a nuestros dirigentes de “condicionar el libre proceso de certificación” cuando han sido ellos los que han gestionado y hasta presionado a las autoridades regionales y municipales para que Amazonas tenga médicos certificadores, ya que hasta setiembre del año pasado, esta región no contaba con un solo médico certificador. Y en lo que se refiere al “manejo oscuro y no transparente de la asociación”, la APDU es a lo mejor la única asociación que emite un Informe Económico mensual que se hace conocer en asamblea general. Además, con sus fondos, la APDU mejora su local, habiendo adquirido ventiladores y un moderno equipo de sonido para su auditorio así como para la capacitación y actividades culturales, deportivas y recreativas. También ha dotado de todo lo que requiere su Comedor Popular, desde la cocina a gas semi industrial hasta las ollas y demás menajería. 
05.- Respecto a una suma de seis mil soles desaparecida, se trata de una cuenta del año 2011, cuando ni Carlos Flores Borja ni Ricardo Vidaurre Maza eran dirigentes del Consejo Directivo de la APDU. Al contrario, cuando ellos asumieron sus funciones de dirigentes elegidos democráticamente por los socios de la APDU, hicieron firmar un compromiso al entonces Presidente del 2011 para que saldara esa deuda, lo cual lo hizo como se puede demostrar contablemente. 
06.- Esta mala información a la Presidencia nacional del CONADIS ha causado grave daño moral a nuestros dirigentes Carlos Flores Borja y Ricardo Vidaurre Maza, constituyendo un delito de difamación que será deslindado en el Poder Judicial. El documento enviado a Lima por las seis personas cuyos nombres figuran en el párrafo “2” de este Memorial, podría ser la causa de que a los señores Carlos Flores y Ricardo Vidaurre no se les haya renovado sus contratos de trabajo en el CONADIS. 
07.- Pero lo que más nos causa sorpresa es que este documento difamatorio, según lo denuncian por escrito algunos de los firmantes, haya sido redactado por Margarito Machacuay Valera, Jefe de la OMAPED de la provincia de Utcubamba y, por tanto, empleado de la Municipalidad Provincial de Utcubamba. Es incomprensible esta actitud del referido señor ya que siempre ha contado con el apoyo fraterno de sus hermanos de la APDU que incluso fueron los que lo propusieron para el cargo de Jefe de la OMAPED hace varios años. La solidaridad con Margarito llegó a su máxima expresión cuando los actuales dirigentes solicitaron al actual alcalde provincial, Ing. Manuel Izquierdo Alvarado, que trasladara la oficina de la OMAPED al moderno local de la APDU en San Luis, para que Margarito gozara de mayores comodidades despachando en una oficina amplia y con servicios de luz eléctrica y sanitarios. El alcalde aceptó y en compensación ofreció apoyar a la APDU con el pago del consumo eléctrico, como lo viene haciendo. Según la denuncia de dos de los firmantes, Margarito se valió de engaños para hacer firmar el documento a Lima, incluso sorprendiendo a tres personas con discapacidad visual severa, que no pudieron leer lo que firmaron. 
08.- Desde hace varios meses el señor Margarito viene impulsando una campaña subterránea de desinformación contra la APDU, no sabemos si por iniciativa propia o inducido por otro. A personas que lo visitan en su oficina, les inculca que no se afilien a la APDU, y a los que ya están afiliados, que no paguen nada, como pretendiendo asfixiar económicamente a esta institución. Sin considerar que es un alojado en un local ajeno, difama a los dirigentes a través de declaraciones en una emisora. ¿Estará alguna autoridad detrás de esta campaña sucia contra la APDU?.... No lo sabemos. Y es que el accionar cotidiano de nuestros dirigentes Carlos Flores y Ricardo Vidaurre a favor de los derechos que corresponden a nuestros hermanos con discapacidad incomoda a algunas autoridades regionales y municipales que temen al pueblo cuando se organiza y reclama sus derechos. 
09.- Por todo lo expuesto, la APDU ha acordado en asamblea general que el señor alcalde provincial de Utcubamba, Ing. Manuel Izquierdo Alvarado, deslinde con el comportamiento de su funcionario de confianza Margarito Machacuay Valera, y que más bien dote a su OMAPED de los recursos para su buen funcionamiento y también contrate al frente de este organismo de atención a las personas con discapacidad a un profesional capaz de cumplir con lo que norman las leyes, porque hasta ahora es muy poco lo que la OMAPED de Utcubamba puede exhibir como una gestión eficiente y trascendente. Adjuntamos documentos probatorios de lo que estamos exponiendo, incluyendo las declaraciones juradas de los señores Hipólito Rodas Cueva y Fernando Cruzalegui Delgado, dos de los firmantes del documento difamatorio enviado a la presidencia del CONADIS en Lima. Siendo las doce del medio día con once minutos, el presidente levantó la presente asamblea, invitando a los socios presentes a firmar el acta respectiva.

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