Los brasileños y canadienses vienen saqueando nuestra fauna silvestre.
Mediante Decreto Supremo, el gobierno central aprobó el PROYECTO MARAÑÓN que consiste en la construcción de veinte hidroeléctricas con la finalidad de convertir al Perú en una potencia energética en esta parte del continente. En ella se destaca –en lo que le compete a Amazonas– las hidroeléctricas de Balsas (350 Mw), Santa Rosa (340 Mw), Yangas (330 Mw), Pión (350 Mw), Cumba (410 Mw), Rentema (1,500 Mw), Escuprebraga (1,800 Mw) y Manseriche (4,500 Mw).
Sin embargo, por la inconsulta ciudadana, los distritos de Balsas, Cocabamba y Pisuquia están en pie de lucha, ya que los proyectos que se construirían en esta jurisdicción que alcanza 64 kilómetros, afectaría las propiedades y hasta el cambio climático en la zona, el cual ocasionaría importantes pérdidas económicas a los pobladores del valle ubicado en la cuenca del Marañón.
Hasta la fecha, se han realizado cuatro audiencias por la zona de Mendán y pocos muy pocos de los habitantes vienen aceptando la dura prueba que los tocará afrontar en el futuro. Pese a ello, los representantes de la empresa concesionaria vienen realizando una serie de estrategias con la población a fin de convencerlos a que desistan en su lucha de oponerse al proyecto. Tal es así que a los jóvenes los ofrecen capacitación en electricidad, soldadura y trabajo por todo el tiempo que dure las obras, además pregonan que requieren un aproximado de seis mil hombres para los trabajos respectivos. Según nuestro informante, la más descabellada oferta que se hace al pueblo es la compra de cualquier animal salvaje a un costo promedio de quince soles. Es así que desde hace un mes ya no existen jornaleros para faenas en las chacras, porque prefieren internarse en el monte y traer alacranes, serpientes, lagartijas, arañas, aves, etc y entregar a los “gringos buena gente” . Es decir están realizando una depredación agresiva con nuestra fauna que es fundamental para mantener el equilibrio ecológico de la zona.
Comentan también que el proyecto es perjudicial para la zona, toda vez que la represa proyectada superaría los 170 metros de altura y con ellas miles de hectáreas se verán afectadas y para ello los concesionarios ofrecen a los afectados, además de trabajo, reubicar su propiedad, si fuera casa, ya sea en Chachapoyas, Luya o Celendín o comprarlos sus tierras por precios que no valdrían la pena.
Pese a que a las audiencias fueron invitadas nuestras autoridades locales y se entiende que asistieron, no se conoce su posición frente al tema, ya que lo que afecte a zonas pequeñas, a la larga impacta negativa o positivamente a todos. Es más sobre este tema no se escucha ninguna voz que se levanta para reclamar este tipo de agresiones al medio ambiente y al derecho de la propiedad privada. No se escucha al Frente de Defensa, al Colegio de Biólogos o a los defensores de causas justas.
Y lo justo, es que las informaciones que se recoge y hoy se difunde, podamos escuchar todos los amazonenses para dar un juicio lógico al tema. Es justo también conocer desde el sentimiento de gobernantes de los alcaldes de Balsas, de Chachapoyas, Cocabamba y Pisuquia sobre el tema y así comprender la verdadera dimensión del proyecto.
Particularmente creo, que se hace necesario que las autoridades competentes deberían informar el caso y todos comencemos a tomar postura ante un hecho que debe ser tratado con toda transparencia, decencia y honestidad, ya que de por medio no solo está el futuro de la capacidad instalada de la energía hidreoeléctrica en nuestro país; sino también, de nuestro departamento que poco a poco viene pasando a manos de los poderosos
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