Para salir del conflicto Conga
Luego de que el
presidente Ollanta Humala anunciara el fin de semana que el polémico proyecto
minero Conga debe implementarse, es necesario prever los escenarios que se abren
con esta decisión y lo que implica tanto para la protesta cajamarquina y los
sectores que la adhieren, como para quienes saludan la viabilidad oficial del
proyecto. Tender puentes al diálogo sigue siendo necesario, pero no basta a
estas alturas. Se requiere que el Estado ponga por delante su rol de protección
de los derechos de la población y no solo la promoción de la inversión
privada.
En primer lugar,
el gobierno debe reconocer la presencia justificada de una gran desconfianza por
parte de amplios sectores de la sociedad cajamarquina respecto de la empresa
minera Yanacocha pues su accionar durante dos décadas de presencia en esta
región ha estado marcado por hechos negativos como el derrame de mercurio en
Choropampa, la necedad en desaparecer el cerro Killish, y numerosos casos de
contaminación ambiental.
No es verdad que
sólo algunos dirigentes sociales y un par de autoridades electas sean los únicos
que se oponen al proyecto minero Conga. Hay detrás toda una población que quiere
ser escuchada y tomada en cuenta. La simplificación del problema que han hecho
la mayoría de medios de comunicación, ninguneando el malestar popular, es un
acto irresponsable que divide y polariza más al país, y ha contribuido a la no
solución de este conflicto.
Pero además de
ello, ni siquiera está garantizada la incorporación de las demandas
presidenciales en la implementación del proyecto Conga. En abril de este año, el
Presidente Ollanta Humala indicó que para que este proyecto sea una realidad,
debía cumplirse un conjunto de condiciones adicionales a su diseño original.
Entre ellas, la necesidad de preservar dos de las cuatro lagunas a ser
destruidas. Dos meses después, el presidente indicó que la empresa Yanacocha lo
había aceptado; sin embargo, todos hemos escuchado al ingeniero Roque Benavides,
presidente ejecutivo de Buenaventura, decir que no cumplirían la totalidad
de las nuevas
condiciones. Esta actitud no hace sino fomentar más desconfianza y desautoriza
al presidente. Es preciso anotar, sin embargo, que estas demandas
presidenciales, gusten o no a Benavides y compañía, son un logro de la protesta
cajamarquina y no es poca cosa. Esto marca un antes y un después respecto a la
relación con la minería en nuestro país. A ello debe añadirse, sin embargo, la
participación activa de la ciudadanía en la fiscalización del cumplimiento de
estas demandas.
Por esta razón,
es necesario que el gobierno respete el derecho de la población local y
regional, sus autoridades y organizaciones, de participar en los procesos de
toma de decisión, como se está haciendo en Espinar ante las exigencias
ciudadanas, lo que es fundamental para todo proyecto. La “licencia social” es
indispensable.
Recordemos que
además de Cajamarca existen otros proyectos mineros de gran envergadura en el
territorio nacional, por lo que es urgente pasar a un nuevo esquema minero que
proteja a la ciudadanía, que considere su opinión, que sea racional con el uso
de los recursos naturales y, finalmente, que garantice la mayor cantidad de
recaudación tributaria. Solo así podremos dar soluciones de fondo a la protesta
social en torno a los proyectos mineros.
La protesta
cajamarquina ha alcanzado resultados importantes que tal vez pudieron alcanzarse
antes si se hubiera continuado con la orientación de negociación impulsada por
el gabinete ministerial anterior. Sin embargo, hoy resulta posible la suspensión
de la huelga siempre que se vele por el respeto de las demandas presidenciales y
para garantizar el cumplimiento están tanto el Estado y la población. La
continuidad de la protesta beneficia, finalmente, a los extremos que o bien
buscan reprimir o estirar con fines subalternos una demanda legítima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario