¿Está en riesgo la democracia en el Perú?
Sobran elementos en
la actual coyuntura nacional para afirmar que el gobierno de Ollanta Humala está
desarrollando una lógica crecientemente autoritaria. El uso forzado y sin
sustento de la posibilidad contemplada en el Código Procesal Penal de
relativizar el principio del Juez Natural en el caso del alcalde de Espinar para
apresarlo en Ica; la represión desatada contra la protesta social usando y
fortaleciendo los mecanismos legales creados durante el gobierno de Alan García
que permiten el uso de fuerza letal en protestas sociales y que ya han dejado
doce muertos en lo que va del gobierno de Humala; las prácticas
montesinistas de sembrado de balas y bombas molotov con la finalidad de realizar
capturas y acusaciones contra autoridades, organizaciones de derechos humanos y
otros; el congelamiento ilegal de los recursos de los gobiernos regionales y
locales acusados de financiar movilizaciones sociales; la intolerancia ante la
crítica, incluso de las bases del propio Partido Nacionalista, cuyos militantes
son expulsados cuando cuestionan acciones como las descritas, son el aviso claro
de un espíritu antidemocrático en el actual régimen.
Al mismo tiempo,
los principales medios de comunicación vinculados a la derecha más recalcitrante
instalan en la opinión pública una tendencia autoritaria. Incluso, parece haber
una campaña en marcha desde el propio aparato estatal, lleno de operadores de
prensa de ese sector, que ponen el blanco en determinados líderes políticos para
destruirlos. Es el caso de la congresista Verónika Mendoza, quien ha sido
víctima de un aplastamiento mediático por el simple hecho de enviar un informe
del Ministerio de Salud al alcalde de Espinar, que daba cuenta del grado de
contaminación de las aguas en las áreas donde opera la empresa minera Xtrata
Tintaya (Informe contenido en el Oficio 002-2012-DG-CENSOPAS/INS).
Este escenario se
ve agravado, además, por la fragilidad de la bancada de Gana Perú –que ya perdió
a cinco de sus miembros sin haber culminado su primer año- operando en un
Congreso muy desprestigiado e internamente fragmentado.
Frente a un
gobierno peleado con su base social, sustentado formalmente en un partido y una
bancada en crisis, y apoyado por sectores empresariales y medios de comunicación
que tampoco creen totalmente en el Presidente y su círculo más intimo, se ha
planteado como posibilidad que estemos caminando a un nuevo 5 de
abril.
Ese riesgo, como
señalan algunos analistas (salvando claro está, las distancias históricas entre
el momento actual y el inicio de la década del noventa) no es imposible de
imaginar, pues los sectores más recalcitrantes de la derecha política no dudan
en señalar que hay una insurrección en camino, encubriendo su deseo de liquidar
al 32 por ciento que votó por la gran transformación.
Las recientes
declaraciones del presidente del Congreso, el Ministro de Defensa, el Premier y
el propio presidente de la República muestran un talante autoritario y rompen
con la principal base social que eligió al régimen. El peligro es que en ese
camino aumente la represión contra la protesta social buscando aislar cualquier
disidencia, especialmente de quienes pertenecieron a la alianza de Gana Perú,
olvidando que no es posible proscribir de la política al tercio del país, lo que
no es claro para quienes pretenden aplastar al movimiento social y a su
representación política.
Otra Mirada
expresa su preocupación y hace una llamado a la reflexión a las autoridades, a
los partidos políticos, a los formadores de opinión pública, a los dirigentes de
los movimientos sociales, y a los dirigentes de la sociedad civil para que no se
acorte el espacio para el diálogo democrático y la concertación política en el
país que tiene tantas ansias de paz, bienestar y justicia
social.
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