RADIO "LA VOZ" DE BAGUA GRANDE

Sostiene abogado IDL, Juan José Quispe “Medida de traslado del juicio oral del “Baguazo” a Lima es prevaricadora” 

 BAGUA GRANDE.- El traslado del caso del llamado “Baguazo” a la Sala Penal Nacional, luego de que la Sala Penal Liquidadora de Bagua se declare no competente para ventilar este expediente, es un holocausto, un cataclismo jurídico y prevaricador, afirmó Juan José Quispe, integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), tras considerar que dicha decisión no se comunicó oportunamente a las partes. Fue al comentar en una entrevista hecha ayer por la mañana por el informativo La Voz de Radio La Voz de Bagua Grande, la nota de prensa del Poder Judicial en la que se informa que la Sala Penal Nacional asumirá el proceso judicial del caso conocido como “Baguazo”, ocurrido en junio del año 2009. “Lo que ha sucedido con esta resolución ya no es un holocausto, es un cataclismo jurídico y esta resolución es prevaricante. ¿Por qué? Primero porque dice que el artículo 162 del Código de Procesos Penales y el propio Acuerdo Plenario 006-2012-PJ le faculta a la sala a determinar si son competentes o no son competentes y si otra entidad como la SPN ha asumido la competencia de casos de disturbios de conflictividad social, ellos [la Sala Penal Liquidadora de Bagua] se inhibe de ver este proceso y remite todo a Sala Penal de Lima”, manifestó en declaraciones al diario Marañón y el Informativo La Voz de Radio La Voz. Consideró que lo prevaricante de esta resolución es que el propio Acuerdo Plenario en el artículo 11 establece que si bien es cierto que ellos pueden resolver sobre su competencia y jurisdicción, “esto no puede ser de manera sorpresiva, tiene que ser comunicado a las partes para que las partes también den su punto de vista si ellos son competentes o no, eso no ha sucedido el día jueves”, acotó. 

 RESUELTO EN TIEMPO RECORD 

 El abogado lamentó que la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua no les haya notificado oportunamente a las partes y cuestionó que se hayan enterado por el portal web del Poder Judicial de esa localidad. Calificó de extraño que el Poder Judicial haya resuelto en tiempo récord el traslado del caso. “Lo más extraño del asunto es que el Poder Judicial ya resolvió ¿Por qué el Poder Judicial ha sacado ayer a las 8:20 pm una nota en donde dice que Sala Penal asumirá caso Baguazo? Es decir, el Poder Judicial ya resolvió sin que la Sala Penal se pronuncie si es competente o no, porque si bien la Sala Penal Liquidadora de Bagua dice yo soy incompetente, claudico en mi posición de hacer un juicio oral, la Sala Penal [Nacional] también tiene que responder si es competente o no”, aclaró. 

 MEDIDA VA CON NOMBRE: MECHE CABANILLAS 

 El Poder Judicial de Amazonas claudicó en su potestad de administrar justicia al declararse incompetente del caso del Bagua frente a personajes como la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas a través de una norma que llevaría su nombre, sostuvo Juan José Quispe, integrante del Área Legal del Instituto de Defesa Legal, tras considerar que será el fiscal de la Nación, José Peláez, quien tendrá que determinar si la ex funcionaria tuvo responsabilidad o no en estos hechos. “Hay algo que sí me alarma un poco porque el artículo 6 de esta resolución [de la Sala Penal Liquidadora de Bagua] hace alusión que se declaran incompetentes porque este proceso tiene repercusión no solo nacional sino internacional, [y que] incluso se cuestionó a funcionarios públicos de primer nivel, como es el caso de la ministra del Interior de la época, Mercedes Cabanillas Bustamante, como responsable político de tales hechos. Y solo mencionan a Mercedes Cabanillas y parece que fuera la Ley Cabanillas o ya el Poder Judicial de Amazonas claudicó en su potestad de administrar justicia frente a personajes tan grandes como Mercedes Cabanillas”, declaró ayer en horas de la mañana tras una entrevista con el informativo de Radio La Voz desde Lima. Señaló que esperarán ser notificados por la Sala Penal Nacional para presentar los recursos de impugnación necesarios. Exigió que dicha instancia judicial se pronuncie si es que tienen competencia para ver este caso. “Vamos a esperar que nos notifiquen formalmente esta notificación y vamos a presentar los recursos necesarios ante la Sala Penal Nacional porque ya el expediente va a estar de viaje o va a estar de viaje acá”, señaló. 

 TRASLADO A LIMA TIENE UN COSTO SOCIAL 

 El abogado reveló que el traslado de este caso a la Sala Penal Nacional tiene un costo social para todos los participantes en este caso. Indicó que aproximadamente 500 nuevos soles le podría costar venir a Lima a cada uno de los nativos implicados en este caso. “Hay un costo social en este tema, el costo tiene que ver con el traslado, estamos hablando no solo de Corral Quemado, estamos hablando también del proceso de Estación 6 y del proceso contra los oficiales y de los suboficiales de la Policía Nacional, en total de esos tres estamos hablando de casi 250 personas, entre agraviados, procesados, testigos y peritos que tendrían que venir a Lima”, puntualizó. Agregó, que todos tendrían que venir, sobre todo miembros de las comunidades indígenas que sacando cuentas desde el traslado y el costo que les significa llegar para cada audiencia en Lima sería de 500 nuevos soles por cada uno de ellos, situación por la que consideró atenta contra el debido proceso.